La defensa más ofensiva

Nuestro sistema institucional se basa en la división de poderes: Legislativo (legislar), Ejecutivo (hacer cumplir lo legislado) y Judicial (vigilar para el cumplimiento y legalidad de lo legislado).

 

A raíz de los últimos escándalos en la escena política, creo necesario que cada uno de los poderes públicos acudan con diligencia en las actuaciones que se están dando desde la Audiencia Nacional, con el fin de esclarecer la trama de corrupción que salpica a los estamentos del partido popular en varias comunidades autónomas.

 

A partir de una investigación realizada por el periódico el País, se ha llegado a imputar, dentro de una trama que salpica a más de 23 empresas, a un empresario llamado Francisco Correa y a varios dirigentes del Partido Popular afincados en alcaldías de varias localidades madrileñas, así como, a señalar como posibles imputados a varios aforados de la Comunidad Autónoma de Madrid y Valencia.

 

Desde el día 11 de febrero, fecha en que el juez Garzón (como Juez Instructor del seguimiento del caso), dictó orden de prisión contra los tres principales implicados, Francisco Correa, Antonio Sánchez y Pablo Crespo, acusados de asociación ilícita, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, está dándose una desbandada a nivel político, cuyos precedentes sólo pueden ser igualados en importancia con las investigaciones que realizó contra el PSOE, por la supuesta trama del GAL, así como, el Caso Filesa en los años noventa.

 

Desde la famosa cacería, en la que estuvieron presentes  el Juez Garzón, el Ex Ministro de Justicia Bermejo y el Jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González,  donde se suscitaba la posibilidad de asociación entre los mencionados participantes para investigar la trama política hasta una denuncia que interpuso el Partido Popular, así como un seguimiento de los ingresos del juez a partir de su participación en conferencias y actos institucionales, se ha creado un verdadero torbellino en torno al caso de corrupción, simplemente para desviar nuestra atención.

 

Así mismo, ante las actuaciones de Garzón, desde el partido popular, se ha procedido a realizar una campaña de acoso y derribo contra su figura. El mismo Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, desde los estamentos más adosados del partido, ha tachado al Juez de “socialista”, y le pide que se inhiba en las investigaciones, según sus propias palabras: “El Juez Garzón no puede juzgar a la gente de un partido y creo que lo que está haciendo es realmente injusto”.

 

Pero ¿Por qué desde el partido popular no se ha llegado a un debate interno en el que se depuren responsabilidades?, ¿Qué existe detrás del nerviosismo que estamos presenciando?, ¿Por qué se trata de denigrar la figura de un juez que ha sido protagonista durante tantos años de la lucha contra el terrorismo nacional y de estado (Caso Pinochet, Caso Gal), protagonista de procesos de deslegitimación de Jefes de Estado (auto contra el franquismo)?  ¿A que obedece esa reacción desde los estamentos populares?

 

Al cometido de los jueces, como tercer poder institucional, cobra especialmente importancia su independencia, y estamos siendo testigos, en cualquier caso, de un linchamiento en toda regla contra la figura de uno de los jueces más comprometidos de toda la democracia española.

 

Lady Muñoz Rodríguez

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