No somos tontos, esperanza

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche en el siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42259

No es la primera vez que se lanzan mensajes a la ciudadanía de lo mal que funcionan los servicios públicos, por el hecho de ser públicos, y que si estuviesen en manos privadas funcionarían mejor. Estos discursos falsos suelen venir acompañados de una gestión política que trata de desprestigiar y perjudicar los propios servicios que gestiona. Es un truco muy viejo, que en esta ocasión nos viene de nuevo de la mano de Esperanza Aguirre. La intención es clara: privatizar la gestión de la Ley de Dependencia.

Como informó ayer este diario, la Comunidad de Madrid está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Su presidenta, achaca esta deficiencia a la falta de funcionarios, y al mismo tiempo tiene la desfachatez de afirmar que si se privatiza la gestión del servicio, se solventarían los retrasos. Habría que apuntarle al oído que en Andalucía o en el País Vasco, la Ley se está aplicando satisfactoriamente y no está privatizada. ¿Tiene también Esperanza Aguirre algún familiar o amigo interesado en gestionar estos asuntos? No es una pregunta baladí, teniendo en cuenta sus amistades  gürtelianas  y  tamallazas.

Es oportuno, en este sentido, poner las cosas claras y que la ciudadanía elija, sin contaminación de intereses, qué modelos de gestión le convence más. Cuando un servicio público lo gestiona el Estado (en cualquiera de sus formas, nacional, autonómica o local) no pretende ganar dinero, simplemente prestar el servicio originado de un derecho reconocido y legislado. Sin embargo, cuando este servicio, derivado, no nos olvidemos, de un derecho reconocido oficialmente, lo gestiona una empresa privada, además de prestarlo, quiere necesariamente obtener beneficios por ello. Y todo el mundo lo comprende.

Por tanto, es obvio que si el ejercicio de un derecho (a fin de cuentas recibir el apoyo de la Ley de Dependencia es un derecho) pasa por manos privadas, nos costará más caro que si lo gestiona directamente el Estado, ya que a los gastos fijos habrá que sumarle los beneficios. Otra cosa distinta es que se necesiten diez personas en una administración concreta para hacer el trabajo de cuatro, pero si este fuese el caso de los funcionarios madrileños, eso es responsabilidad directa de Aguirre, que lo que debería hacer es propiciar la productividad y buen funcionamiento del sector público. A no ser que no le interese a la lideresa las condiciones de vida de los madrileños.

Insisto en que desde las Instituciones Públicas no se debe (vemos que poder si se puede) bajo ningún concepto debilitar o perjudicar lo público. Por ello, tenemos que exigir, a todos nuestros representantes políticos, que mejoren las condiciones y prestaciones sociales, que para eso les hemos votado (a no ser que seamos millonarios insensibles que votamos a mala leche), en lugar de aplaudir como ignorantes cuando quieren repartirse el pastel del presupuesto público entre sus amigotes. Esta estrategia, empleada hasta la saciedad por el PP, se confecciona continuamente bajo la excusa de una mejora privatizadora. Si tenemos esto claro, seguro que nos irá mucho mejor.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga.

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