SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

El sistema electoral español se basa en la Ley D’Hondt, que lleva aplicándose en el país desde el año 1976. Se trata del sistema matemático para “repartos proporcionales” mediante el cual se atribuyen los escaños al parlamento a partir de los votos obtenidos en las elecciones.

Este método consiste básicamente en ordenar de mayor a menor los votos obtenidos (en este caso sólo aquellos partidos que sobrepasen la barrera del 3% de los votos). Luego se van haciendo sucesivas divisiones del número total de votos entre el número de escaños de cada circunscripción territorial para asignar los escaños de forma proporcional a los votos.

Pero realmente el actual sistema electoral español no es proporcionalmente justo, ya que no asigna a cada partido el número de escaños que le corresponden en función del número de votos que ha obtenido. El ejemplo más claro lo conforma Izquierda Unida, que tiene una paupérrima representación de diputados y menos escaños que otros partidos nacionalistas con muchos menos votos que tienen una sobrerrepresentación excesiva.

En mi opinión este sistema lo único que favorece es el bipartidismo y no da la oportunidad a que otras formaciones políticas tengan voz y representación. Se dice que la ley pretende favorecer la creación de mayorías estables y evitar la confrontación y los gobiernos fragmentados, pero en una democracia madura (en la que deberíamos estar) se debería equilibrar esta situación para ofrecer la posibilidad de un nuevo gobierno.

La Ley D’Hondt es esencialmente antidemocrática porque veta la presencia de las minorías y adjudica a unas opciones votos que eran de otras, a espaldas del que emitió su voto. La ley electoral, que nació en una España que pasaba por un período de transición, debe ser cambiada para devolver a cada persona su voto; y mientras se voten a listas en lugar de a personas y las circunscripciones no se adapten a la realidad social, nada cambiará.

Como he dicho, la configuración de nuestro sistema electoral es así por las circunstancias en las que nació: una transición desde un sistema autoritario y antidemocrático. Por aquel entonces se pretendía dar cabida a las regiones con lengua y cultura diferenciadas, con millones de habitantes y con vocación autonómica. Pero la sociedad española ha evolucionado y no se puede ignorar su pluralidad política.

Ahora que nuestros políticos dicen que somos maduros para afrontar el desarrollo de los nuevos estatutos autonómicos, una vez superada la fase de transición, deberían ser igualmente coherentes y modificar la ley electoral.

La ley es injusta y arcaica. ¿Cómo es posible que un partido que obtiene 900.000 votos en unas elecciones generales sólo tenga 2 escaños y otro que ha obtenido 774.000 tenga 11? Definitivamente esta práctica no es nada proporcional y, sin duda, merma la democracia.

Todos piden una reforma de la ley pero quienes tienen que promover el cambio son los máximos beneficiarios del sistema actual, por lo que si cambian las cosas pasarían a ser los más perjudicados. Además, si cada persona tiene sus propias ideas, ¿es posible que sólo dos partidos puedan representar la manera de pensar de toda la población española?

Por: Beatriz Torres Martínez

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