El sistema electoral español

El sistema electoral español fue creado deliberadamente con el objetivo de favorecer la creación de mayorías que permitan la formación de gobiernos estables sin renunciar a la posibilidad de una alternancia efectiva en los mandatarios del país, como ha quedado demostrado a lo largo de estos años de democracia. Si bien este sistema fue la mejor opción para generar la estabilidad política durante la Transición, en la actualidad puede considerarse que es en cierto modo injusto. Se basa en un sistema de circunscripciones pequeñas, una por provincia, lo que perjudica a las formaciones menos concentradas geográficamente. Este método permite obtener la mayoría del partido más popular con apenas el treinta y cinco por ciento de los votos en dichas demarcaciones y con no mucha diferencia del partido más próximo en número de votos; además, discrimina automáticamente a los partidos menos votados en beneficio de los más populares, que son igualmente favorecidos por el número total de votos en blanco.

 ¿Cuáles son los problemas de dicho sistema? En primer lugar, que las provincias son circunscripciones muy pequeñas que no garantizan una adecuada proporcionalidad entre el número de votos y el número definitivo de representantes asignados. Así, cuantos menos representantes sean elegidos en una provincia, menos justo será el reparto de los mismos, siendo el caso extremo el que se da en Ceuta y Melilla donde se escoge únicamente un representante. De este modo, es complicado que un partido minoritario consiga figurar en los órganos de gobierno del Estado: solamente podrán acceder a la representación parlamentaria aquellos partidos políticos respaldados mayoritariamente en el conjunto del territorio o que, aún siendo minoritarios, tienen a sus votantes concentrado en provincias clave.

Me parece que es un sistema que solamente tiene sentido amparado en la estabilidad que proporciona al funcionamiento del Parlamento español. Sin embargo, dicha concepción es injusta con la mayoría de partidos políticos ya que pretendidamente busca el beneficio de las mayorías, más que la representatividad y valía de todos los votos emitidos en el territorio español. Desde este punto de vista, creo que es cuestionable la atribución del valor “democrático” a este método de elección de representantes en que fuerzas con gran respaldo popular a nivel global pueden obtener menos número de escaños en el Parlamento si no gozan de una representación concentrada geográficamente en cada una de las circunscripciones. Creo que este sistema, por desgracia, puede llevar a que los ciudadanos ideológicamente adscritos a las formaciones políticas no mayoritarias desconfíen del sistema al percibir que su voto carece de utilidad, lo que se traduciría en una menor implicación del electorado en los procesos de elección de representantes. Además de que en determinadas circunscripciones su voto a estos partidos no obtendría el resultado por ellos deseado, la emisión de su voto en blanco no serviría más que para beneficiar a los partidos más votados, con lo que podría incluso llegar a pensarse que es más efectiva la abstención que ejercer el derecho a no votar a ninguna opción política.

 Se constata, en definitiva, que este sistema electoral organizado en base a pequeñas circunscripciones pejudica a los partidos que no presentan un voto concentrado geográficamente. Sin embargo, sí que favorece a aquellas formaciones con una marcada ideología ligada al territorio, que pueden lograr una mayor adscripción y que con un suficiente número de votos pueden obtener una representación parlamentaria que no podrían alcanzar si el reparto se hiciera en base al conjunto del Estado. Es destacable que el término ‘nacionalista’, ‘independentista’ o ‘regionalista’ aparezca en la denominación de más de la mitad de las formaciones políticas de España, lo que significa que apenas existen grandes partidos que planteen una alternativa a los programas del Partido Popular y el Partido Socialista.

 ¿Y cuál es la solución a estos problemas? Probablemente, para favorecer la pluralidad y el diálogo en los órganos de Gobierno de España lo mejor sería un método no ligado a los pequeños territorios. Sin embargo, la primera consecuencia negativa sería la eliminación de las grandes mayorías, lo que se traduciría en una ralentización de los procesos de decisión el Parlamento. Siendo realistas con la propuesta, la mayoría de los partidos que ahora obtienen representación se verían perjudicados por un cambio de sistema, con lo que sería muy complicado que una reforma del sistema pudiera prosperar por la vía legislativa. Yo optaría por un método mixto, en que puedan ser representadas la mayoría de las formaciones con objeto de alcanzar objetivos de pluralidad de opiniones e ideologías en el Parlamento sin hacer que esta representación condicione la formación de mayorías, que habrían de ser más ajustadas que en la realidad.

Por otro lado, una buena opción para fomentar el diálogo efectivo de los representantes dentro de ambos Órganos del Estado sería reducir el número de diputados y senadores, aplicando directamente sobre éstos la ponderación de los votos que sería aplicables a la formación política a la que están vinculados. Esta propuesta iría en detrimento de una mayor representación de las personas, pero favorecería una mayor implicación y control de los miembros de ambas Cámaras, a la vez que reduciría ampliamente los costes del mantenimiento de este sistema.

Pablo E Medina Suárez

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