El sistema electoral español

Mucho se ha debatido y debate sobre el sistema electoral español y sobre su validez actual.  Su espíritu, responde a un delicado momento histórico. En época de la Transición, se hizo necesario diseñar un sistema electoral que garantizase la estabilidad política y respondiese al difícil equilibrio de fuerzas que se manifestaban en el país. Finalmente, se optó por un sistema mixto poblacional-territorial, en el que se asignaba a cada demarcación territorial un número de diputados según el número de habitantes que tuviese. Por lo tanto, se trataba de un sistema proporcional en el que se tenía en cuenta el fuerte peso histórico de los distintos territorios que configuran España. Además, para corregir posibles disfunciones en la conversión de votos por escaños, se introdujo el sistema de listas cerradas de representación proporcional de partidos, aplicando la ley D`Hont, uno de los múltiples sistemas que existen en este sentido.

No cabe duda de que las expectativas se cumplieron, al promover un bipartidismo fuerte que evitase la excesiva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento, de forma que se facilitasen los acuerdos entre fuerzas, y la democracia española pudiese despegar con garantías.

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Sobre las críticas que recibe el actual sistema electoral caben destacar dos. Las que se centran en el tema de la proporcionalidad y las que cuestionan la tipología de lista que se vota.

El primero, es uno de los caballos de batalla de formaciones nacionales minoritarias como son  IU y UPyD, ya que según ponen de manifiesto, el sistema les perjudica notablemente. Según Rosa Díez, portavoz de UPyD, la Ley Electoral vigente es contraria a la igualdad de derechos de los ciudadanos y por lo tanto debe ser reformada. Para este partido, el voto de un ciudadano tiene un valor diferente en función de la parte de España en la que viva y de la opción política que elija. En este sentido, y a tenor de los resultados de la últimas elecciones generales, afirman que PSOE y PP consiguen un escaño con 66.000 votos, mientras que para conseguirlo, UPyD necesita 306.000 votos, e IU 484.000.

IU ha llegado a interponer denuncias en los juzgados por entender que es una situación discriminatoria e insostenible. Según este partido, no se entiende que siendo la tercera formación más votada (963.040 votos) en las últimas elecciones generales, sean la sexta fuerza en el Congreso en número de escaños.

El problema radica en que las provincias son circunscripciones demasiado pequeñas como para garantizar una adecuada proporcionalidad entre los votos recibidos y los representantes asignados a cada opción. Es inevitable que cuanto menos representantes corresponda elegir en una circunscripción, menos proporcional sea el reparto de los mismos.

En España, debido a la gran concentración de población en determinadas provincias, el 50% de los representantes al Congreso son elegidos en circunscripciones donde se eligen 7 candidatos o menos, siendo las más frecuentes las de 3, 4 y 5 representantes. Con estas dimensiones, lo habitual es que sean 2 o 3 las fuerzas políticas que obtengan parlamentarios en cada circunscripción, descartándose el resto de votos sin representante. Por lo tanto existe una penalización de las formaciones que tienen un electorado disperso.

El carácter de lista cerrada y bloqueada es una cuestión también puesta en tela de juicio actualmente por algunos sectores. Se critica desde este punto de vista, la desvinculación entre el elector y el elegido. Los ciudadanos hoy no votan a sus representantes de entre los candidatos cercanos, que los tiene, sino al cabeza de lista de una formación, que en la mayoría de los casos ni siquiera pertenece a su circunscripción. En España, básicamente se vota a la marca-partido.

En definitiva, todas estas críticas abundan en el tema de que el sistema electoral no debe distorsionar la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas.

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Actualmente existe un informe del Consejo de Estado en el que se recogen posibles soluciones a estas disfunciones. Algunas de sus propuestas apuntan en la dirección de aumentar el número de diputados de 350 a 400, o rebajar la representación mínima inicial de 2 a 1 diputados, o bien buscar una fórmula electoral más proporcional  que la Ley D`Hont, como la Hare, la Droop o la Saint Lagüe. Evidentemente, toda iniciativa que apunte en esta dirección va a chocar frontalmente con la oposición de PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios a los que el actual sistema favorece.

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Sin embargo existen opiniones favorables al funcionamiento de nuestro sistema electoral. Si bien comparten la idea de que una proporcionalidad perfecta mejoraría la equidad, entienden que sería a costa de dificultar mucho la gobernabilidad. Se piensa que existe un justo equilibrio entre equidad y eficacia.  Así, desde 1977 ha habido 10 elecciones generales. Tras todas ellas el partido ganador ha podido formar gobierno, pese a que en la mayoría de ellas no ha habido mayorías absolutas. Esos gobiernos han sido estables y han podido acabar sus mandatos, salvo en 1982, por la descomposición de UCD, y en 1996 por la crisis económica y política del final del felipismo. Incluso los gobiernos minoritarios han conseguido estabilidad gubernamental sin formar coaliciones, únicamente con apoyos puntuales o estables en el Parlamento, como comenta José Ignacio Wert al hablar sobre nuestro sistema electoral.

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En mi opinión, la peor consecuencia que se desprende de nuestro actual sistema electoral no es otro que el papel que acaban jugando los partidos nacionalistas fuera de su ámbito. Se da la singularidad de que partidos que tienen poco interés por la vida política a nivel nacional, acaban siendo decisivos en su funcionamiento. Nunca entenderé por qué, por poner un ejemplo, ERC ha de tener más peso en cuestiones que afectan a la gobernabilidad de España que IU, siendo la gobernabilidad de España un asunto que trae al pairo a ERC.

Los grandes beneficiados por nuestro actual sistema electoral son los partidos nacionalistas, que acaban siendo juez y parte en múltiples asuntos. Dichos partidos, gracias al número de diputados que obtienen, acaban convirtiéndose en la llave de muchos gobiernos, lo que les proporciona una posición privilegiada en el panorama político del país, del que a menudo se sienten auténticas vedettes deseadas por todos. Resulta una obviedad decir que de estas situaciones obtienen el mayor rédito posible en forma de concesiones a sus aspiraciones nacionalistas, con lo que no quiero decir que me parezca mal que las tengan, me parecen del todo legítimas, pero sí que las obtengan de esa forma. Obtienen sus objetivos aprovechándose de unas reglas del juego que ellos mismos niegan, a cambio de prestar un apoyo fundamental para sustentar gobiernos débiles. Esta situación acaba generando numerosas tensiones territoriales que, sinceramente, me parecen insostenibles.

Eduardo Cholvis

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